Save the Children España es la sede nacional de la ONG internacional Save the Children, que tiene diversos proyectos en todo el mundo

Save the Children España es una fundación privada que forma parte de un movimiento global por los derechos de la infancia, con intervención directa en España y presencia internacional a través de la red Save the Children. En 2024 sus programas llegaron en el país a 10.824 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, mientras que, a escala internacional, el movimiento apoyó directamente a 356 millones de personas (113,6 millones de ellas menores) en 113 países, una dimensión que ilustra tanto su capacidad operativa como su vocación de incidencia pública sostenida.

Su origen remoto se sitúa en 1919, cuando Eglantyne Jebb y Dorothy Buxton fundaron en Londres el Save the Children Fund tras la Primera Guerra Mundial, vinculando desde el inicio la ayuda humanitaria con la defensa de normas internacionales. En 1924, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de los Derechos del Niño redactada por Jebb, precedente directo de la Convención de 1989. La propia organización recoge hitos que atestiguan esa continuidad, desde sus intervenciones en la Guerra Civil española hasta la entrada en vigor en España de la ley que prohíbe toda violencia contra la infancia.

En el plano jurídico, la entidad opera en España como fundación inscrita con el nº 162 del Registro de Fundaciones. Nació al amparo del Decreto 2930/1972, que aprobó el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y el protectorado administrativo entonces vigente; hoy su marco registral y de supervisión se rige por la normativa estatal sobre fundaciones y por el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal. Esta condición fundacional legitima su actuación de interés general y coloca sus cuentas bajo auditoría externa y control público.

¿Cómo contribuye Save the Children España al panorama internacional?

Su trabajo combina intervención directa con investigación e incidencia política. La organización define su teoría del cambio alrededor de seis campos sustantivos (salud y nutrición, educación, protección infantil, pobreza infantil, emergencias y derechos de la infancia) y los articula con una defensa explícita del enfoque de derechos y de la Convención del Niño. Esta agenda se traduce en servicios de apoyo socioeducativo, atención psicológica, acompañamiento familiar y protección frente a la violencia, junto a respuestas en crisis humanitarias y campañas públicas basadas en evidencia.

El alcance territorial en España se sostiene sobre una sede social en Madrid y equipos desplegados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Euskadi, Canarias y Melilla, además de cinco espacios propios en Barakaldo, Illescas, Leganés, Madrid y Sevilla. Al mismo tiempo, Save the Children España asume responsabilidades internacionales directas, como la coordinación de los programas en Mauritania desde la oficina de Madrid, lo que ilustra su papel de bisagra entre la actuación doméstica y la cooperación.

La gobernanza descansa en un Patronato no remunerado y una Comisión Permanente, según Estatutos, y en una Dirección General que ejerce la representación legal y el liderazgo ejecutivo. El Comité de Dirección agrupa a las direcciones funcionales y programáticas. El organigrama vigente identifica a Isla Ramos Chaves como directora general y sitúa, entre otras, las direcciones de Programas en España (Raúl Arnaiz), Programas Internacionales (Vicente Raimundo), Influencia y Desarrollo Territorial (Catalina Perazzo), Comunicación y Fundraising (Alicia Moreno), Finanzas (Francisco Fernández) y Personas y Desarrollo Organizativo (Laura Vilares). La estructura incorpora, además, un área de Transformación Digital y comités transversales de prevención de riesgos, igualdad y género.

Campañas y estrategias

Su agenda estratégica inmediata se recoge en el Plan 2025-2027. La misión prioritaria en España es reducir la pobreza infantil hasta alcanzar la media europea del 25%, con foco en la población más vulnerable y con propuestas basadas en evidencias procedentes de su intervención. Junto a esa misión, la entidad se compromete a reforzar su respuesta ante crisis humanitarias, a promover la innovación social, a institucionalizar la participación infantil y adolescente, a asegurar una base financiera diversificada y a integrar la justicia de género y la crisis climática como vectores de transformación.

Esa combinación de intervención y políticas se expresa en campañas y acciones públicas concretas. El programa Barnahus, que impulsa un modelo de atención integral para menores víctimas de violencia sexual en espacios adaptados y coordinados, sintetiza su enfoque de protección centrado en la víctima y la coordinación interinstitucional. La alianza de investigación y movilización en torno al informe El coste de la crianza 2024 ha puesto cifras a la presión inflacionaria sobre las familias, con una estimación media de 758 euros mensuales por hijo o hija y un llamamiento a reforzar prestaciones y apoyos; la difusión mediática amplificó el debate público. Al exterior, la campaña Sobrevivir es solo el principio defendió a los niños que crecen en conflictos, mientras sus equipos entregaban asistencia en refugios antibombas en Ucrania. En el plano social, el impulso del testamento solidario con figuras públicas buscó diversificar vías de financiación destinadas a programas de infancia

Una ONG que sirve de ejemplo

La proyección pública de la organización también se refleja en reconocimientos y colaboraciones. En 2025 recibió el Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba, que valoró su trayectoria humanitaria dentro y fuera de España; en el ámbito deportivo, la designación de embajadores (como el futbolista Robin Le Normand) y acuerdos puntuales con clubes han servido para llevar la causa de la infancia a audiencias masivas

Save the Children España ha conseguido anclar su legitimidad en un equilibrio difícil: la cercanía del trabajo con niños y niñas concretos y la ambición de modificar políticas públicas a escala. La transparencia evaluada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en 2024 certificó el pleno cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, y la rendición de cuentas periódica completan un retrato de organización profesionalizada que ha sabido traducir un siglo de historia en objetivos verificables y medibles para los próximos años.