Para el CGE, derivar funciones sanitarias de médicos y enfermeras de AP a establecimientos comerciales privados y con ánimo de lucro no puede ser la solución a los problemas vinculados a la despoblación

Tras pedir explicaciones por un proyecto piloto que pretende que las farmacias rurales de Castilla y León -establecimientos privados y con ánimo de lucro- realicen labores de educación para la salud propias de médicos y enfermeras de Atención Primaria, el secretario de Estado de Reto Demográfico, Francesc Boya, en nombre de la ministra del ramo, Teresa Ribera, se ha reunión con representantes del CGE de España para conocer su opinión sobre esta iniciativa impulsada por el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León.

Para el órgano de representación de las enfermeras, este programa supone financiar con fondos públicos unos establecimientos privados para ejercer unas funciones que ya forman parte de la cartera pública de servicios en Atención Primaria. Además, independientemente de que estas acciones suponen externalizar y privatizar, en lugar de reforzar la sanidad pública, implican una clara vulneración de las leyes que delimitan las competencias profesionales.

El CGE recuerda que “la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud, la gestión de los problemas de salud y el seguimiento de los pacientes se lleva a cabo por los profesionales de los Equipos de Atención Primaria, en los que, por supuesto, no se integran los farmacéuticos de las oficinas de farmacias rurales”, como se trasladó al ministerio en una carta enviada por el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, el pasado 9 de junio.

En la reunión, el vicepresidente III, José Luis Cobos, y el secretario general del CGE, Diego Ayuso, han manifestado a Boya que los problemas de la España rural, con problemas de acceso a los servicios públicos, no puede solucionarse mediante la derivación de funciones sanitarias a establecimientos privados y con ánimo de lucro, aunque, por supuesto, desempeñen un papel fundamental en la dispensación de medicamentos.

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, por su parte, también ha establecido contactos con la Consejería de Sanidad de la región para pedir explicaciones ante esta controvertida iniciativa.

Por su parte, tras la reunión, desde el ministerio se aclara que el carácter de esta formación o información que pudiera emanar de las farmacias rurales sería más social que sanitario -al contrario de lo manifestado por los órganos de representación de los farmacéuticos- y que, “en cualquier caso, la Consejería de Sanidad, quien tiene las competencias y la capacidad para juzgar estas actuaciones, determinará si estas exceden o no las competencias que las leyes establecen para los farmacéuticos”, ha declarado Francesc Boya al término de la reunión.

José Luis Cobos, vicepresidente III del CGE, asegura que “los problemas de acceso a servicios básicos en algunas zonas de España, a la Sanidad en este caso, no pueden solucionarse externalizando ni privatizando actuaciones propias de médicos y enfermeras en el marco de nuestra sanidad pública. Es un error derivar esas funciones a establecimientos particulares y con intereses comerciales -y encima financiarlo con fondos públicos- en lugar de reforzar la Atención Primaria y a sus profesionales. En cualquier caso, no consentiremos que se menoscaben las funciones que la ley atribuye a las enfermeras y la educación para la salud es una de ellas, algo crucial para el bienestar y la calidad de vida de la población ahora mismo y en un futuro”.