22 de marzo
El 22 de marzo de 2002, una jueza británica reconoció a una paralítica su derecho a morir pese a la negativa médica. Conocida bajo el nombre de Miss B, tenía 43 años y no quería vivir atada a una máquina. En el verano de 1999, los médicos descubrieron una malformación en los vasos sanguíneos de la columna vertebral de Miss B, algo que podía derivar en una incapacidad grave de por vida.
Desde aquel momento, la mujer dejó por escrito que no deseaba recibir tratamiento si iba a caer enferma de por vida, con una incapacidad mental permanente, o inconsciente. Parecía que su estado mejoró, y decidió volver al trabajo, era jefa de departamento en un hospital. Pero fue a principios de 2001 cuando una vena de su cuello estalló y acabó quedando paralítica. Así, pese a que tuviese la mente intacta, el cuerpo quedó a merced de la respiración asistida, por lo que se acogió al derecho que otorgaba la ley británica a todo adulto mentalmente capaz de poder exigir a los médicos que dejen de aplicarle cualquier tratamiento, sabiendo que eso le llevaría a la muerte. Los médicos se negaron, estaban convencidos de que el tiempo y la rehabilitación cambiarían la opinión de Miss B.
Fue entonces cuando comenzó una batalla legal. «Respeto el derecho de los médicos a decir que personalmente no quieren hacerlo. Pero no entiendo la arrogancia con que siempre me han impedido acceder a alguno que sí estuviera dispuesto a hacerlo», declaró Miss B en el juicio.
La jueza Elizabeth Butler-Sloss falló a favor de Miss B aquel 22 de marzo, asegurando que estaba perfectamente capacitada para decidir si quería que le interrumpiesen o no el tratamiento. Por lo tanto, la jueza afirmó su intención de permitir que la paciente muriera en paz y con dignidad.
