El CISNS es un órgano cuya historia se remonta a hace cuarenta años y que ejerce como canal de comunicación entre las autonomías y el Estado

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) es la piedra angular de la cooperación sanitaria entre el Estado y las comunidades autónomas. Su origen se remonta a la Ley General de Sanidad de 1986 y a la constitución del Consejo en abril de 1987, pero adquiere configuración moderna con la Ley 16/2003 de cohesión y calidad, que lo define como órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información entre los servicios de salud y la Administración General del Estado, con la finalidad explícita de promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). La página oficial del Ministerio de Sanidad sintetiza ese encaje y recuerda que el CISNS traduce a práctica el mandato constitucional de coordinación general sanitaria.

¿Quién compone el CISNS?

La naturaleza jurídica del CISNS es la de conferencia sectorial, conforme a la Ley 40/2015, un formato que permite reunir a los máximos responsables políticos y técnicos para adoptar decisiones comunes. Su reglamento interno, aprobado por el Pleno el 23 de julio de 2003 en desarrollo del artículo 73 de la Ley 16/2003, fija el marco de funcionamiento y asegura continuidad institucional más allá de coyunturas. Este armazón normativo no es decorativo: condiciona cómo se convoca, delibera y acuerda, y garantiza que el Consejo actúe con procedimientos estables y previsibles.

La composición refleja su vocación federalizante. Preside la persona titular del Ministerio de Sanidad; participan las personas titulares de las consejerías competentes en materia de sanidad de todas las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía; la Vicepresidencia recae en un representante autonómico elegido por sus pares; y la Secretaría la nombra la Presidencia. El Consejo funciona en Pleno y en Comisión Delegada (esta última presidida por la Secretaría de Estado de Sanidad e integrada por representantes autonómicos de rango viceconsejero) y se apoya en comisiones técnicas y grupos de trabajo. Como cauce de participación social, depende del CISNS un Comité Consultivo con representación de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, la Administración local y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Funciones y alcance

Las funciones del Consejo no se agotan en la deliberación. La propia Ley 16/2003 y la práctica acumulada lo sitúan como órgano donde se acuerdan actuaciones conjuntas en protección de la salud, asistencia sanitaria, farmacia y recursos humanos, entre otras materias. La página ministerial puntualiza, además, un aspecto decisivo: la tipología de decisiones. El CISNS puede adoptar acuerdos y recomendaciones; cuando el Estado ejerce funciones de coordinación, los acuerdos son obligatorios para todas las administraciones integradas en el Consejo. Esta arquitectura dota de fuerza a la coordinación, sin desplazar el reparto constitucional de competencias.

El alcance del CISNS es horizontal y vertical a la vez. Horizontal, porque alinea a todos los servicios regionales de salud y homogeneiza estándares básicos; vertical, porque conecta la política sanitaria con la ejecución y con la red técnico-científica que sostiene las decisiones. La actividad anual se documenta en memorias oficiales y en un repositorio de acuerdos que, año a año desde 1987, deja rastro público de lo decidido: distribución de fondos finalistas, aprobación de estrategias, adopción de calendarios y marcos de referencia. En junio de 2024, por ejemplo, el Pleno aprobó la distribución de 38,5 millones de euros para infraestructuras y equipamiento en salud mental, con cargo a partidas presupuestarias específicas del Ministerio. La trazabilidad de este tipo de decisiones ilustra la función cohesionadora del Consejo.

Trabajar por la garantía de derechos

En cuanto a objetivos, el CISNS persigue reducir asimetrías y garantizar derechos efectivos de la ciudadanía con independencia del territorio. Ese propósito se materializa en productos concretos. El calendario común de vacunación a lo largo de la vida es quizá el ejemplo más visible: establece, con base técnica y consenso político, qué vacunas se recomiendan por edades y condiciones, y facilita campañas homogéneas de inmunización en todo el país. La existencia de un calendario común reduce incertidumbre clínica, mejora la planificación logística y evita inequidades por código postal.

El Consejo también aprueba estrategias que ordenan políticas públicas de medio y largo plazo. La Estrategia de Salud Pública de 2022, aprobada por la Comisión de Salud Pública y por el Pleno del CISNS el 22 de junio de ese año, constituye la hoja de ruta para fortalecer capacidades, modernizar la vigilancia y asegurar respuestas coordinadas ante riesgos y emergencias. Su aprobación vino acompañada de comunicación institucional y de la publicación del documento completo, lo que refuerza la transparencia y da instrumentos de planificación a los servicios de salud.

Futuro

En paralelo, el Consejo ha impulsado planes transformadores en ámbitos sensibles del sistema. El 15 de diciembre de 2021 aprobó el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, con objetivos, acciones e indicadores para reforzar financiación, accesibilidad, orientación comunitaria y calidad. Más recientemente, en 2025, el Pleno dio luz verde al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que articula líneas estratégicas, medidas operativas y financiación para reducir la conducta suicida en la población, con especial énfasis en grupos vulnerables; el Ministerio publicó tanto la nota oficial como el documento técnico. Esta secuencia (estrategias, planes y dotación de fondos) muestra cómo el CISNS combina visión y ejecución.

La historia reciente ofrece otras evidencias de su papel durante coyunturas críticas. En la fase de desescalada de medidas frente a la COVID-19, el CISNS fue el foro donde se sopesaron y acordaron propuestas sobre el uso de mascarillas, cuya decisión normativa correspondió luego al Gobierno mediante reales decretos; el vínculo entre la deliberación técnica-política del Consejo y la formalización jurídica de las medidas ilustra la mecánica de gobernanza sanitaria en España.

En suma, el CISNS no es un mero espacio de intercambio, sino el dispositivo institucional que hace operativa la cohesión del SNS: fija marcos comunes, arbitra acuerdos exigibles, ordena estrategias y planes, y canaliza recursos para que las políticas se materialicen en servicios y resultados en salud. Su diseño permite anclar la coordinación en consensos informados y mantener un pulso continuo entre evidencia, equidad y viabilidad. Esa es, en definitiva, la razón de su vigencia: dotar a un sistema descentralizado de un centro de gravedad capaz de convertir la cooperación en decisiones útiles para la ciudadanía.