Solamente en 2024, la FSC ha atendido a más de 33.000 personas en diez de las comunidades autónomas del territorio español

La Fundación Salud y Comunidad (FSC) nació formalmente en 1998, como evolución de la Asociación Bienestar y Salud, activa desde 1981 en la gestión de recursos asistenciales. Su constitución quedó inscrita en el registro de Barcelona y fue clasificada y registrada por orden publicada en el BOE, un paso que consolidó su personalidad jurídica y su capacidad operativa como fundación de ámbito estatal. Desde entonces ha crecido en proyectos y servicios, manteniendo la mirada en los determinantes sociales de la salud y en la protección de colectivos vulnerables.

A día de hoy, la entidad combina intervención directa, prevención y sensibilización con una escala que refleja su consolidación. Según su memoria más reciente, en 2024 atendió a 33.279 personas y mantuvo en torno a 130 centros y programas distribuidos en 10 comunidades autónomas, con un equipo de 1.669 profesionales y 565 personas voluntarias. Ese mismo ejercicio registró un incremento notable de atenciones en servicios residenciales 24 horas (4.104 personas) y gestionó un volumen anual de fondos cercano a los 51 millones de euros, reforzando su solvencia para proyectos futuros.

Su forma de trabajar se articula en torno a la investigación aplicada, la intervención social y la educación para la salud. La misión corporativa (promover la salud, el bienestar social y la calidad de vida mediante proyectos de intervención, prevención, sensibilización, formación e investigación) marca el perímetro funcional, mientras que la visión subraya la vocación de referencia en atención de calidad y la igualdad de oportunidades. Estas líneas se materializan en áreas estables: adicciones y reducción de daños, inserción social y laboral, salud mental, intervención penitenciaria, atención a mujeres y violencia machista, personas mayores y dependencia, así como infancia y familias.

Organización y alcance de la FSC

La estructura de gobierno combina supervisión, dirección estratégica y gestión operativa. Un patronato plural, procedente de los ámbitos sanitario, educativo, social y empresarial rige la entidad, asistido por un comité consultivo y supervisado por el Protectorado de Fundaciones del Estado. La dirección general, la dirección técnica y un equipo de gerencias y subdirecciones por áreas garantizan la coherencia técnica y el despliegue territorial. La organización se apoya en servicios centrales de administración, contabilidad y recursos humanos, con sedes y delegaciones en Cataluña (servicios centrales en Barcelona) y en comunidades como Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Murcia y Cantabria, entre otras.

El marco institucional en el que opera la FSC refuerza su control público. El Protectorado ejerce sus funciones para velar por la legalidad y el cumplimiento de los fines fundacionales, respetando la autonomía de funcionamiento de las fundaciones, lo que añade una capa adicional de garantía y transparencia al gobierno de la entidad.

El alcance de su trabajo se aprecia también en la alineación con la Agenda 2030. La memoria 2023 detalla la contribución a diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto desde la inclusión social y la igualdad de género como desde la lucha contra la pobreza y la promoción de entornos saludables. El enfoque es medible: la fundación reporta indicadores por áreas de acción y enfatiza la evaluación y la mejora continua, incluyendo la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en materia de información.

Programas pioneros

En el terreno de la prevención y la promoción de la salud, destacan iniciativas con proyección universitaria y comunitaria. El programa En Plenas Facultades, pionero en el entorno universitario, despliega cursos y seminarios sobre reducción de riesgos en consumo de drogas y sexualidades saludables; solo en los primeros meses de 2025 programó acciones en una docena de universidades de seis comunidades, y cerró el curso 24–25 con más de 400 jóvenes formados, reforzando una trayectoria de 25 años.

La atención con perspectiva de género constituye otro eje. El Proyecto Malva, activo desde hace más de dos décadas, combina formación especializada y campañas de sensibilización, como Desestigmatiza a las mujeres que consumen drogas, con el propósito de cuestionar prejuicios y mejorar el acceso a recursos. Este trabajo se completa con jornadas internas y actos alrededor del 25N y del 8M que buscan trasladar buenas prácticas y sumar a equipos y usuarias.

Campañas y participación comunitaria

La entidad participa en redes y campañas del tercer sector de ámbito estatal, reforzando incidencia y coherencia técnica. Su integración en UNAD se traduce en acciones conjuntas de defensa de derechos y prevención (del 8M a campañas específicas como A las ITS #NiUnMinuto), además de espacios formativos como la Escuela de Adicciones y Género.

El trabajo comunitario toma, en ocasiones, la forma de movilización ciudadana y diagnóstico participativo. La coorganización del Homeless Meet Up Alicante, alineada con iniciativas europeas, visibiliza la realidad del sinhogarismo y conecta recursos de vivienda, reducción de daños y empleo; al mismo tiempo, la fundación sostiene plataformas de información pública, como el portal lasdrogas.info, operativo desde 1997, que difunde contenidos basados en evidencia para profesionales y ciudadanía

En conjunto, la Fundación Salud y Comunidad ha construido un instrumento de intervención social capaz de combinar rigor técnico, arraigo territorial y una gobernanza sometida a estándares públicos. Su historia (de la tradición asociativa al despliegue multiterritorial) y su presente, centrado en resultados medibles, alianzas y evaluación, dibujan una organización que entiende la salud como un hecho social y que trabaja, con herramientas concretas, para ampliar derechos y reducir desigualdades.