Medicina

La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid rechaza las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sobre el IVA de la sanidad privada

Ante las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 10 de septiembre de 2024, en las que se mostró partidaria de aumentar el IVA de los servicios en la sanidad privada, la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), expresa lo siguiente:

  • La vicepresidenta segunda ha asegurado que la sanidad privada “tributa al 0%”. Se trata de una afirmación ambigua, puesto que todos los materiales, servicios, etc. contratados por la privada tienen el tipo impositivo general.
  • Si se refiere al IVA que los ciudadanos pagan al contratar servicios de sanidad privada, algo que ha comparado con tener “un yate”, debería tener en cuenta que en España hay más de 12,4 millones de personas que cuentan con algún tipo de seguro sanitario privado. Por tanto, no puede entenderse que sea un concepto comparable a un artículo de lujo.
  • Entendemos que Yolanda Díaz lanza este “globo sonda” más para marcar un perfil propio de su formación política, Sumar, dentro del Gobierno, ya que su voz tiene cada vez menos fuerza. Pero no es la primera vez, ya se planteó en 2020 y fue descartada por el propio Ejecutivo.
  • El Gobierno, entonces, se apoyó en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que evaluó el impacto que tendría subir el IVA de Sanidad y Educación privadas en 3.500 millones de euros.
  • La Airef también indicó entonces que las exenciones en estos campos, enmarcadas dentro de la exención general del IVA sobre todos los servicios educativos y sanitarios con independencia de quien los preste, está reconocida desde 1985, año en el que este impuesto se implantó en España.
  • Asimismo, si se cambiara este tipo impositivo, la población y las empresas españolas estarían en desigualdad de condiciones frente a otros países europeos que también contemplan la exención de la sanidad y la educación.
  • Pero, lo más grave, es que el ingreso que el Estado conseguiría de una subida del IVA sanitario, pronto quedaría compensado por un mayor gasto sanitario. La subida del IVA acarrearía un aumento de costes que repercutirían en mayor o menor medida en los pacientes y, con una subida de costes en la privada, miles de personas dejarían de acudir a estos servicios para ser atendidos sólo en la pública, lo que implicaría una sobrecarga del sistema.
  • Sólo en la Comunidad de Madrid, el ámbito de actuación de la ACHPM, la sanidad privada asume el 31 % de los ingresos y de las altas realizadas, el 27 % de las estancias y el 37 % de las intervenciones quirúrgicas. Con un aumento impositivo, y atacando la colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos.
  • Más allá de todo lo anterior, lo más sorprendente de las afirmaciones de Díaz es que los haga la vicepresidenta responsable de la cartera de Trabajo. Parece no haber pensado en los profesionales: médicos, enfermería, auxiliares, administrativos y otros trabajadores de la sanidad privada. La sanidad privada también es un sector económico, formado por grandes empresas y también por muchas pymes y autónomos, con pequeñas consultas. Por tanto, atacar a la privada es también poner en riesgo a muchas familias. Son los mismos trabajadores a los que en otras ocasiones la vicepresidenta ha dicho defender.
  • Por todo ello, pedimos a la vicepresidenta segunda del Gobierno que reflexione sobre su propuesta y a la vicepresidenta primera, y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como al presidente, que tengan en cuenta las recomendaciones de órganos como la Airef y piensen en el interés general antes de acometer reformas que repercuten de manera negativa en los ciudadanos.

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