Con sesenta años de historia, Plena Inclusión se erige como la principal organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias

Plena Inclusión nació en 1964 como una federación impulsada por familias que buscaban apoyos dignos para sus hijas e hijos con discapacidad intelectual. La entidad, entonces llamada FEAPS, se constituyó en Valencia el 26 de abril con veinte organizaciones y puso en marcha, desde muy temprano, iniciativas editoriales y espacios de encuentro que profesionalizaron el sector. Medio siglo después, al calor de un movimiento internacional que revisaba conceptos y prácticas, la asamblea del movimiento asociativo decidió actualizar su nombre e identidad: en 2015 se presentó públicamente Plena Inclusión, y en 2016 se consolidó el cambio como expresión de una visión centrada en derechos, ciudadanía y participación. Esa evolución ha ido de la mano de procesos internos que han ampliado el liderazgo de las propias personas con discapacidad y han reforzado la presencia de las familias en la gobernanza.

Su misión consiste en contribuir, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desplegar su proyecto de vida, promoviendo a la vez su inclusión como ciudadanas de pleno derecho en una sociedad justa. A partir de ese mandato se articulan funciones que combinan la prestación de apoyo directo, la formación de profesionales, la elaboración de conocimiento aplicado, la accesibilidad cognitiva y la incidencia política. La organización reivindica, además, marcos públicos que hagan posible la educación inclusiva, la vida independiente, el empleo con apoyo, el respaldo a familias y la adecuación normativa, líneas que vertebran su agenda pública.

Alcance y objetivos

Su alcance es estatal y confederal. Plena Inclusión agrupa a las federaciones de todas las comunidades autónomas y a entidades en Ceuta y Melilla; el movimiento asociativo suma del orden de 950 asociaciones y respalda a más de 150.000 personas y sus familias, cifras que reflejan una capilaridad territorial singular y una capacidad de interlocución con administraciones y agentes sociales en varios niveles. Esa implantación explica que la entidad participe en políticas públicas y proyectos demostradores que luego escalan a normativa o práctica común.

El organigrama responde a una confederación moderna con contrapesos y espacios de participación. La Asamblea General es el máximo órgano de decisión; la Junta Directiva fija las líneas estratégicas y supervisa su cumplimiento; el equipo profesional de Plena Inclusión España coordina programas, administración y recursos, y una Plataforma estatal de representantes asegura la voz directa de las personas con discapacidad en la agenda, con dos portavoces por federación y el histórico grupo GADIR como referente. En los últimos años, la confederación ha actualizado sus estatutos para colocar en plano de igualdad la participación de personas con discapacidad y familias, consolidando un diseño organizativo alineado con su misión. La presidencia recae actualmente en una mujer, y la dirección ejecutiva la ejerce un equipo técnico con experiencia en transformación de servicios y calidad de vida.

Los objetivos estratégicos traducen la misión en cambios concretos: avanzar en apoyos personalizados, transformar servicios hacia modelos comunitarios, impulsar la desinstitucionalización y fortalecer el liderazgo de las propias personas en decisiones que les afectan. Esto se materializa en programas de fortalecimiento organizacional, herramientas para medir resultados y marcos de buen gobierno, así como en posicionamientos sobre igualdad de género y buen trato. La política de calidad y el código de buen gobierno operan como garantías éticas y técnicas de todo el sistema confederal.

Campañas de Plena Inclusión

La historia reciente de Plena Inclusión ofrece ejemplos claros de su manera de incidir. La campaña Mi voto cuenta, sostenida durante años, contribuyó a que el Parlamento reformara la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y restituyera el derecho de sufragio a unas 100.000 personas con discapacidad intelectual o con la capacidad modificada judicialmente. Desde entonces, la confederación ha seguido trabajando con administraciones para hacer las elecciones comprensibles, con señalización de colegios electorales y manuales de mesa en lectura fácil, un esfuerzo recogido también por el Ministerio del Interior y respaldado por guías técnicas del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva.

Esta lógica se extiende a otros ámbitos. En 2023 y 2024 se pilotaron materiales de accesibilidad cognitiva en procesos electorales locales y europeos; ayuntamientos y juntas electorales incorporaron señalética y apoyos que facilitan orientarse en los recintos, mientras la entidad publicó guías descargables y formación para equipos municipales. En paralelo, se han impulsado campañas de sensibilización en educación, como Ponte en mi lugar, dirigida a edades tempranas, y se han articulado espacios de liderazgo femenino con motivo del 8M para visibilizar barreras específicas que enfrentan muchas mujeres con discapacidad intelectual.

Suplir las carencias del sistema

En 2025, la confederación ha centrado parte de su esfuerzo comunicativo y de incidencia en la campaña Sin recursos no hay cuidados, con un mensaje nítido: sin una financiación suficiente y estable del tercer sector de apoyos, se resiente la calidad de vida de quienes necesitan más apoyos y de sus familias, y se precariza el trabajo de profesionales esenciales. La iniciativa combina testimonios, argumentarios, propuestas de pacto de Estado y movilización territorial para presionar en favor de tarifas y conciertos que cubran los costes reales.

El balance de sus seis décadas muestra una organización que ha pasado de suplir carencias del sistema a protagonizar su reforma. La actualización de la identidad y de los estatutos, la expansión territorial y la profesionalización han ido acompañadas de un estilo de trabajo que combina evidencia, alianzas y participación real de las personas con discapacidad. Desde su portal de transparencia, la confederación pone a disposición estatutos, planes, memorias y políticas, reforzando la rendición de cuentas y la confianza pública. Si algo explica su vigencia, es esa tensión productiva entre la urgencia de la vida cotidiana y la paciencia estratégica que exige cambiar marcos culturales y normativos. En esa intersección, Plena Inclusión ha convertido un movimiento familiar en un actor cívico capaz de generar políticas, herramientas y relatos que abren posibilidades de vida en comunidad.