Cuando visitamos a un médico o acudimos a un hospital, esperamos recibir una atención, diagnóstico y tratamiento adecuados

Más allá del acto médico en sí, existe un derecho fundamental del paciente que muchas veces pasa desapercibido: el consentimiento informado. Este concepto es clave en la ética médica y en la legislación sanitaria, y además garantiza que las personas puedan tomar decisiones libres y conscientes sobre su salud.

El consentimiento informado se defina como el proceso mediante el cual un paciente recibe toda la información necesaria sobre un procedimiento médico, como una cirugía, un tratamiento o una prueba diagnóstica y, tras entenderla, acepta o rechaza voluntariamente dicha intervención. Este proceso incluye información sobre:

• El diagnóstico o problema de salud que se quiere tratar.
• Los beneficios esperados del procedimiento.
• Los riesgos y efectos secundarios posibles.
• Las alternativas existentes.
• Las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento.

El consentimiento puede ser verbal o escrito, dependiendo de la complejidad o gravedad del acto médico. En intervenciones de mayor riesgo o que requieran hospitalización, suele exigirse por escrito.

Este consentimiento no es solo un requisito legal, también es una expresión del derecho a la autonomía personal. Cada persona tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y sobre los tratamientos que desea recibir o rechazar. Obligar a alguien a someterse a un procedimiento sin su consentimiento constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.

Además, el consentimiento informado fomenta la confianza entre médico y paciente. Cuando se explica con claridad el porqué de una intervención, sus riesgos y alternativas, se construye una relación más transparente y respetuosa.

¿Qué pasa si una persona no puede dar su consentimiento?

Existen casos en los cuales el paciente no está en condiciones de tomar una decisión por sí mismo, como puede ocurrir con personas en estado de inconsciencia, con alteraciones mentales graves o en situaciones de urgencia donde no hay tiempo para informar.

En esos casos, el médico puede actuar sin el consentimiento inmediato, siempre llevado por el principio de beneficiar al paciente y proteger su vida o salud. Sin embargo, si hay un representante legal o familiar disponible, deberá informarse y, en la medida de lo posible, participar en la decisión.

Casos especiales

Cuando se trata de menores de edad, este consentimiento lo dan los padres o tutores legales. Sin embargo, muchos sistemas de salud reconocen que los adolescentes con suficiente madurez pueden participar de manera activa en las decisiones sobre su salud, especialmente si se trata de temas como salud sexual y reproductiva.

En casos de personas con discapacidad intelectual o cognitiva, la ley y la ética médica buscan garantizar que se respete su voluntad y preferencias, utilizando apoyos adecuados para que comprendan la información y puedan decidir en la medida de sus capacidades.

Riesgos del consentimiento mal aplicado

Un consentimiento informado mal gestionado, por ejemplo, si se da de forma rápida, con lenguaje técnico incomprensible o sin explicar bien los riesgos, puede tener consecuencias graves. Además de generar desconfianza, podría dar lugar a demandas legales si el paciente considera que no fue informado adecuadamente.

Por ello, es imprescindible que los profesionales sanitarios comuniquen de forma clara, empática y adaptada al nivel de comprensión del paciente. El uso de materiales visuales, ejemplos sencillos y tiempo suficiente para resolver dudas puede hacer una gran diferencia.

Uno de los errores comunes es pensar que el consentimiento informado es simplemente un formulario que se firma antes de una operación. En realidad, se trata de un proceso de diálogo y comprensión, que finaliza en una decisión consciente. El documento firmado es solo la evidencia final de ese proceso, pero no lo sustituye.

Por lo tanto, el consentimiento informado es un pilar esencial de la medicina moderna. Representa el respeto por la dignidad y autonomía de las personas, y garantiza que las decisiones sobre la salud no sean impuestas, sino compartidas. Como pacientes, tenemos el derecho, y también la responsabilidad de informarnos, preguntar y participar activamente en las decisiones sobre nuestro cuidado.